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El decreto antidesahucios compensará a los propietarios

El Gobierno de coalición negocia a contrarreloj los últimos detalles del decreto antidesahucios para poder aprobarlo en el próximo Consejo de Ministros.
Se trata de una normativa que lleva casi un mes sobre la mesa y busca paralizar los desalojos de los inquilinos vulnerables durante el periodo que dure el estado de alarma, y donde estarían no solo los hogares afectados económicamente por la crisis del covid-19, sino también los que ya eran vulnerables antes de la pandemia e incluso podría incluir a los inquilinos que no tienen un contrato de alquiler legal.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó ayer la propuesta del decreto ley a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y el texto incluye una compensación a todos los propietarios que se vean obligados a suspender el lanzamiento por el impago del alquiler, sin distinguir entre particulares y grandes tenedores de vivienda. En concreto, la agencia EFE explica que “tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que le haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable, una vez transcurridos los tres meses que tendrá la Administración para ofrecer a esa familia una solución habitacional”.

La compensación sería el precio medio del arrendamiento en la zona donde se encuentre el inmueble más los gastos en los que haya incurrido hasta el momento en que se levante la suspensión del desahucio o termine el estado de alarma, según informa la Cadena Ser, que también señala que, en los casos de viviendas okupadas, los desahucios seguirán adelante si la vivienda ha sido okupada con violencia o para realizar en ella actividades ilícitas. También si se trata de la vivienda habitual o la segunda residencia de un propietario particular.

Así, parece que el Gobierno cumple una de las peticiones de los grandes propietarios, que en las últimas semanas han alertado del peligro de poner en marcha una medida de estas características y de la injusticia que supone no recibir una compensación a cambio. Además, han advertido de que el Estado tendría responsabilidad patrimonial y legal, y que no dudarían en reclamar por expropiación del derecho de uso de sus activos, según explica la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL).

Desde la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) también han reclamado un equilibrio justo entre las partes y una medida que contrarreste el hecho de que los propietarios no puedan disponer de los inmuebles, pero sí asumir los costes de mantenimiento.

No obstante, la normativa todavía podría sufrir modificaciones. Si no hay cambios de última hora, el decreto ley se aprobará en el próximo Consejo de Ministros (o como muy tarde antes de que termine el año), aunque hasta entonces los diferentes Ministerios pueden realizar aportaciones al texto.

Fuente: idealista/news

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